Durante las primeras horas del domingo, un fatal accidente de tránsito conmovió al vecindario. En el camino a Vagues, una trabajadora del Hogar San Camilo fue atropellada mientras se dirigía en moto a su empleo y perdió la vida casi en el acto. El vehículo mayor involucrado, una camioneta, se dio a la fuga y al momento de publicar esta nota el conductor todavía no se había entregado a la justicia.
Ante esta situación, cabe preguntarse por las políticas de seguridad vial que se llevan adelante a nivel local y por el estado de las cámaras de vigilancia urbana, un elemento fundamental para obtener más información e identificar a las personas involucradas en situaciones como esta.
Actualmente, la mitad de las cámaras de seguridad del Municipio no funcionan. Desde la llegada de Ratto al Municipio, el Centro de Monitoreo Areco no ha tenido grandes actualizaciones ni reparaciones. Además, de las pocas nuevas cámaras que se instalaron, la gran mayoría fueron pagadas por vecinos: así sucedió en Duggan, por ejemplo, donde el monto de la donación en cámaras de videovigilancia llegó a los casi $1,3 millones.
Además, la administración Ratto ha demorado una y otra vez la presentación de documentación para acceder al Fondo de Seguridad otorgado por la Provincia de Buenos Aires. Para este 2023, la inversión del gobierno bonaerense aumentó casi un 70% y año tras año durante la gestión Kicillof superó los $20 millones, que pueden ser destinados, entre otras cosas, para la instalación de nuevas cámaras de seguridad.
Durante 2022, los concejales del Frente de Todos pidieron al Ejecutivo respuestas sobre las demoras en la presentación del plan de seguridad y las rendiciones que deben elevar a la provincia para acceder a los desembolsos del Fondo de Seguridad.
Otro de los puntos a tener en cuenta en materia de vigilancia y control vial es el convenio firmado entre el Municipio y la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA). El acuerdo, que se repite en gran cantidad de municipios de la provincia, establece que a cambio de un porcentaje de lo recaudado por multas, la cámara debe instalar equipamiento en distintos puntos de la ciudad, entre ellos cámaras de videovigilancia, lectores de patentes y hasta tótems alertadores de velocidad. En Areco, el Municipio no le exige a la cámara que cumpla con sus obligaciones, lo que genera que se demoren o directamente pierdan oportunidades para sumar más tecnología.
Puestos de vigilancia en los principales ingresos a la ciudad que hasta fines de 2019 contaban con personal y operativos de control pero que hoy son tierra de nadie. Cámaras que sufren el desgaste lógico del paso del tiempo y no son reemplazadas. Convenios vigentes que el Municipio no se esfuerza en hacer cumplir. Más muestras de la falta de gestión de Ratto a la hora de cuidar a los ciudadanos de Areco.