La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) le debe $450 millones al Hogar San Camilo y hay preocupación por su continuidad. En la institución viven 60 personas con discapacidad y trabajan 90 profesionales abocados a su atención y tratamiento.
Actualmente, el programa Incluir Salud, que depende de la ANDIS, le debe al hogar de Vagues más de cuatro meses de prestaciones ya realizadas. Las autoridades de la institución no solo dieron a conocer la problemática a través de los medios, sino que también le enviaron una nota al Presidente Milei en la que detallan la deuda y aseguran que “hoy tenemos una situación compleja, de difícil solución para nosotros de no contar con su intervención”.
Además, desde el hogar denuncian que desde octubre no reciben pañales ni medicamentos, lo que agrava aún más la situación. Se trata de materiales indispensables para el bienestar de las personas que viven allí y suman montos altísimos a los gastos mensuales de la institución.
También las obras sociales tienen deuda: tanto IOMA como PAMI están atrasados en sus pagos, pero al menos algunos fondos van ingresando. Se trata de montos mucho más bajos que los adeudados por la ANDIS (en el caso de IOMA serían alrededor de $80 millones) y desde el hogar indican que los valores por cada prestación están desactualizados.
Con deudas tan grandes, servicios que no pueden cortarse y sin respuestas, el hogar teme por su continuidad después de 47 años de trabajo por las personas con discapacidad. Si bien Areco intenta ayudar con iniciativas solidarias como rifas, eventos y hasta con aportes mensuales, ¿qué tanto puede sostenerse cuando el Estado se corre e ignora sus responsabilidades?
La deuda al Hogar San Camilo no es un hecho aislado. Se da en un contexto de fuerte recorte del gobierno de Milei a la atención a las personas con discapacidad. El gobierno libertario no cumple la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por el Congreso y ratificada tras el veto del presidente. La norma incluye, entre otros puntos, justamente la regularización de pagos y actualización de aranceles, así como compensaciones especiales de emergencia para prestadores.
Al mismo tiempo, familiares de discapacitados, organizaciones y prestadores de servicios denunciaron penalmente al presidente y al ministro de salud por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y abandono de persona por estos recortes en prestaciones de salud y en pensiones por discapacidad, además de por incumplir la Ley de Emergencia del área.
La ANDIS también está en envuelta en una investigación por presuntas coimas que implican directamente a Karina Milei, secretaria general de la presidencia y hermana del presidente. En agosto de 2025 que difundieron presuntos audios del entonces director de la ANDIS, Diego Spagnoulo, en las que se daban detalles de un presunto esquema de retornos y sobornos en torno a la compra de medicamentos. La causa judicial está en pleno desarrollo y recientemente se ordenó el llamado a indagatoria de 29 personas.