En la madrugada del viernes, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó la Ley de Precios Justos en Cada Municipio, iniciativa impulsada por el Senador Durañona que busca darles la potestad a los gobiernos locales de controlar el cumplimiento de los acuerdos de precios y de góndolas según la Ley de los derechos de Usuarios y Consumidores.

“Logramos la aprobación de la ley de Precios Justos, que nos costó mucho trabajo y es en definitiva lo que le da nombre al programa que implementó Sergio Massa desde el Ministerio de Economía con mucho éxito. La ley lo que hace para colaborar fuertemente en este aspecto es otorgarle a los municipios las facultades para poder recibir cualquier tipo de denuncia de vecinos y vecinas y de comercios que encuentran abusos en las cadenas de distribución”, contó Durañona en charla con Días de Areco.

Enmarcada en la Ley nacional N° 27.642 de alimentación saludable, la nueva legislación modifica la Ley 13.133 con el objetivo de garantizar el acceso pleno de la población a los productos en las góndolas con precios justos. La iniciativa propone consolidar y fortalecer a las autoridades locales de aplicación y a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICs), incorporándolas en cada municipio.

Durañona apuntó también que “desde Movimiento Arraigo buscamos debatir y profundizar la importancia del territorio y los gobiernos locales a la hora de definir políticas públicas y aportar soluciones a los problemas cotidianos de la vida de las personas. Se acostumbra a decir que el Municipio es el primer mostrador, yo digo que es el primero y el último, no hay otro”.

El viernes también se aprobó la ley impulsada por la senadora Gabriela Demaría que busca actualizar las multas para quienes no cumplan con los derechos de las y los consumidores. “El tope pasaría de 500 mil a 272 millones de pesos, con una fórmula móvil de actualización automática, que evitará su depreciación”, informó.

Durañona explicó que ambos proyectos “se integran creando herramientas extraordinarias y vitales tanto para los municipios como para el funcionamiento de las oficinas municipales y así defender correctamente a los vecinos y vecinas que viven en nuestras comunidades”.

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