En un comunicado emitido a raíz de un nuevo Ni Una Menos, la Asamblea de Mujeres y Diversidades de nuestra ciudad apuntó contra las políticas de ajuste y los discursos de odio y sostuvo que “el desmantelamiento de políticas públicas nacionales fundamentales para prevenir las violencias, va de la mano de los discursos de odio de quienes hoy nos gobiernan”.
“Frente a un otoño en el que se agrava la emergencia habitacional, empujada por la gentrificación y el aumento desmedido de los alquileres, vemos cada vez más familias sin techo viviendo en las calles de nuestro pueblo. La falta de alimentos que no llegan a los comedores de los barrios, por decisión del gobierno nacional; el achique de las raciones en los comedores escolares que llegan de provincia; mientras los precios de los alimentos y medicamentos siguen aumentando, haciéndose impagables para quienes menos tenemos”, asegura el texto dado a conocer esta mañana.
Y destaca “la falta de gestión y de interés del gobierno local en políticas de género y diversidad al desarticular espacios de puesta en común para el debate y la organización de un trabajo mancomunado con la gente. Lo demuestra el vaciamiento de la Mesa Local Intersectorial para la Violencia familiar y de Géneros, de la que nunca dejaron tomar parte a las organizaciones; una “casa refugio” deshabitada; la falta de un trabajo sostenido en materia de prevención de la violencia de género, la mirada obstinadamente negadora sobre el fenómeno, todo a la sombra de una idea política que habilita el ejercicio de la violencia en todas sus formas”.
El texto completo del comunicado:
“Frente a un otoño en el que se agrava la emergencia habitacional, empujada por la gentrificación y el aumento desmedido de los alquileres, vemos cada vez más familias sin techo viviendo en las calles de nuestro pueblo. La falta de alimentos que no llegan a los comedores de los barrios, por decisión del gobierno nacional; el achique de las raciones en los comedores escolares que llegan de provincia; mientras los precios de los alimentos y medicamentos siguen aumentando, haciéndose impagables para quienes menos tenemos.
El desempleo avanza, al ritmo de la baja del consumo en los comercios locales, la baja del flujo de turistas, y la paralización de la obra pública nacional. Un contexto que daña la salud mental de la población tras la incertidumbre de llegar o no a fin de mes, de alcanzar a llenar la olla o saltarte la comida. A esto, se le suma la falta de gestión y de interés del gobierno local en políticas de género y diversidad al desarticular espacios de puesta en común para el debate y la organización de un trabajo mancomunado con la gente. Lo demuestra el vaciamiento de la Mesa Local Intersectorial para la Violencia familiar y de Géneros, de la que nunca dejaron tomar parte a las organizaciones; una “casa refugio” deshabitada; la falta de un trabajo sostenido en materia de prevención de la violencia de género, la mirada obstinadamente negadora sobre el fenómeno, todo a la sombra de una idea política que habilita el ejercicio de la violencia en todas sus formas.
Empleadas y empleados municipales con el sueldo más bajo de la región. Salarios por debajo de la línea de pobreza, que impactan especialmente a las familias que dependen de jefas de hogar, en un municipio que glorificó al personal de salud durante la pandemia pero nunca se empeñó en reconocer económicamente el trabajo realizado por cientos de mujeres que cuidan a la comunidad a riesgo de su propia salud. La sordera, el ninguneo, la soberbia y la crueldad, abundan como los pozos en las calles de nuestro pueblo.
El desmantelamiento de políticas públicas nacionales fundamentales para prevenir las violencias, va de la mano de los discursos de odio de quienes hoy nos gobiernan. Mientras los femicidios, transfemicidios y lesbicidios crecen como consecuencia de estas violencias en todo el país, los medios hegemónicos siguen alimentando el odio y la burla hacia nuestros cuerpos e identidades. Mediante la privatización de los medios públicos y la eliminación de contenido sobre diversidad intentan negar la pluralidad de voces, la ESI y nuestras verdades.
El despido desmedido de trabajadores del Estado, irremplazables y fundamentales para la garantía y el ejercicio pleno de nuestros derechos básicos, es violencia. El ajuste y la “reorganización” de la que se jactan: Es violencia. Para las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries de nuestras familias, para nuestros hijes, hijas e hijos y para los espacios que solidariamente conformamos.
La amenaza al derecho a jubilarnos que entraña la aprobación de la Ley Bases; la entrega de nuestros recursos naturales y la larga lista de políticas neoliberales, con la que pretenden saquear nuestros cuerpos/territorios, nos transformara en colonia de corporaciones transnacionales. Por eso le decimos NO A LA LEY DE BASES.
Esta realidad nos muestra a las claras que nunca se trató de libertad, sino de ODIO.
En defensa de nuestras vidas, nuestra soberanía y nuestros derechos: Este 3 de junio volvemos a decir NI UNA MENOS”.