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  14/05/2018 | Política  
  Pacto Fiscal, aumentos y ajustes  
 


Por Daniela Nuñez Correa
 
El Pacto Fiscal vuelve a tomar envión en la discusión política. En la primera sesión del año, el bloque Cambiemos presentó un proyecto de ordenanza para aprobar la adhesión de Areco al pacto y ahora la discusión se reactiva una vez más con el aumento a los trabajadores municipales.
 
Los empleados del municipio cobraron a principios de este mes el primer tramo de la mejora salarial del 10%. Los dos siguientes (que completan el 25%) están pautados para agosto y noviembre, pero su concreción efectiva depende en gran medida de qué suceda con el Pacto Fiscal. 
 
El Pacto Fiscal establece claramente que en los municipios que adhieran a él, en su presupuesto de gastos corrientes no pueden aumentar más que el índice de precios al consumidor, estipulado originalmente para 2018 en 15%. Ante una inflación que claramente superará ese porcentaje y con el compromiso asumido de otorgar un aumento salarial del 25%, ¿podría afrontar sus gastos el Municipio si firmara el pacto? 
 
Si se aprueba el Pacto Fiscal, ¿qué opciones tiene el Municipio para afrontar el pago de los salarios con aumento? Más allá de los argumentos a favor de la supuesta transparencia que traería el pacto, su aprobación le pondría trabas a la economía del Municipio y podría propiciar recortes y la no concreción total del aumento.
 
Para buscar la adhesión de Areco, la oposición argumenta nuevamente que el Pacto Fiscal contribuirá a la transparencia en las cuentas del Municipio. Apelan sobre todo a algunos de sus artículos que establecen la obligatoriedad de difundir públicamente el presupuesto y los que hablan de un ente de control de las cuentas municipales. En realidad, gran cantidad de esas medidas existen desde la sanción de la Ley de Responsabilidad Fiscal original en 2005, a la que Areco adhirió en 2006.
 
Con el Pacto Fiscal, la Provincia quiere avanzar en dictaminar cómo los municipios usan sus recursos económicos. Lo hace a la vez que recorta prestaciones y programas y obliga a que esos mismos municipios se hagan cargo de inversiones que hasta hace algún tiempo financiaba el gobierno provincial. En el caso de Areco, tenemos varios ejemplos paradigmáticos. Para muestra un botón: en 2016, el pase del programa de Orquestas y Coros del Bicentenario a la órbita de Educación de la Provincia derivó en que sus docentes no cobraran durante un año entero y que a principios del 2017 el Municipio finalmente se hiciera cargo del proyecto, por ejemplo.
 
Este año comenzó a funcionar el comedor en la Escuela Municipal Manuel Belgrano, una exigencia de la Dirección de Escuelas para regularizar la situación de Manuel Belgrano, que no cumplía el mismo horario que el resto de las escuelas de jornada completa. Desde fines de 2017, cuando se confirmó que el comedor debía comenzar a funcionar durante el ciclo lectivo actual, la Dirección de Educación del Municipio y el Consejo Escolar están gestionando los cupos correspondientes. Son más de 300 los chicos que comen diariamente en Manuel Belgrano y autoridades provinciales habían en principio prometido que los incluirían en el envío de alimentos que se realiza en todos los comedores escolares del distrito. Promedia el mes de mayo y todavía no hay novedades. Desde marzo, cuando comenzaron las clases, es el municipio el que sostiene el funcionamiento diario del comedor con una inversión de $230.000 por mes que es afrontada con recursos propios.
 
La Provincia dio de baja también este año el programa CAI, que se destinaba a las meriendas y desayunos de alumnos de los jardines maternales. Mientras el Municipio buscaba que se incluyera al nuevo jardín maternal de Villa Lía en el CAI, se encontró con que la ayuda económica no solo no se ampliaría sino que se terminaba. Esa decisión de la Provincia añade $25.000 a la inversión en educación que debe hacer el Municipio con recursos propios. 
 
Es decir que, debido a medidas tomadas por el Gobierno provincial, el Municipio está obligado este año a desembolsar cada mes $250.000 extra en el sistema educativo. Si tomamos el ciclo lectivo completo, de marzo a diciembre, se trata de $2,5 millones que se suman al presupuesto destinado a educación, que asciende casi a los $70 millones.  
 
¿Cómo puede el Municipio aumentar su presupuesto solo en la medida que suba el Índice de Precios al Consumidor, cuando tiene que hacerse cargo de cada vez más servicios y programas? La adhesión al Pacto Fiscal es obligar a los gobiernos locales a tener que ajustarse aún más el cinturón en tiempos de crisis, en momentos en que la provincia se desliga de más y más responsabilidades. 
 
La discusión está abierta y las posiciones tomadas. Cambiemos apuesta a la firma del Pacto Fiscal, el oficialismo intenta evitarlo y, al mismo tiempo, mantener la estabilidad en tiempos económicamente complejos. Ahora, solo resta definir cómo terminará la pulseada. 
 
 
 
 
 
 
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